La Comisión de la UE propone prohibir en el mercado los productos fabricados con trabajo forzado
El 14 de septiembre, la Comisión Europea publicó su Propuesta de Reglamento sobre la prohibición de productos fabricados con trabajo forzado en el mercado de la Unión. La propuesta pretende prohibir en el mercado de la UE todos los productos fabricados con trabajo forzoso, sin dirigirse a empresas o sectores específicos.
La propuesta se produce a raíz del último informe sobre Estimación mundial de la esclavitud moderna elaborado por la OIT, Walk Free y la OIM. El informe, publicado el 12 de septiembre, se centra en el trabajo forzado y el matrimonio forzado. Según el informe, se estima que 50 millones de personas viven en situación de esclavitud moderna, de los cuales 28 millones están sometidos a trabajo forzoso y 22 millones a matrimonios forzados.
El informe concluye que ningún país o región del mundo puede presumir de no tener trabajo forzoso. La mayor parte (85%) del trabajo forzoso se encuentra en el sector privado, siendo los principales sectores los servicios, la industria manufacturera, la agricultura y el trabajo doméstico. Los trabajadores migrantes son especialmente vulnerables a verse empujados al trabajo forzoso, debido a la mala gestión de la migración y a las prácticas de contratación poco éticas.
Mantenerse al día con las Leyes de esclavitud moderna y su aplicación
Las Leyes de esclavitud moderna existen en el Reino Unido y Australia desde hace varios años. Más recientemente, los EE. UU. intensificaron sus actividades de aplicación de las prohibiciones de productos sometidos a trabajos forzosos, primero con Órdenes de retención y liberación (WRO) en virtud de la Ley arancelaria de 1930 de EE. UU. (Sección 307), que prohíbe las importaciones de bienes y mercancías extraídas, producidas o fabricadas total o parcialmente en cualquier país extranjero mediante trabajos forzados. En el caso de los envíos sujetos a una WRO, las empresas pueden optar por reexportar las mercancías, o presentar pruebas al CPB (Customs and Border Protection), que demuestren que los productos no fueron fabricados con trabajo forzado.
Al seguir la CBP emitiendo WRO, la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso de Uyghur (UFLPA) entra en vigor en junio de 2022. La UFLPA funciona sobre la base de la “presunción refutable” de que todos los bienes extraídos, producidos o fabricados —en su totalidad o en parte— en la región de Xinjiang, o producidos por entidades incluidas en la lista de entidades de la UFLPA, se fabrican con trabajo forzoso y, por lo tanto, se prohíbe su entrada en los Estados Unidos. La UFLPA también se centra en lo que se ha identificado como productos y sectores de alto riesgo, como el algodón, la ropa, los tomates y el sílice. El proceso de proporcionar pruebas claras y convincentes de que los productos no se han fabricado con trabajo forzoso y/o en la región de Xinjiang, requiere amplios esfuerzos de diligencia debida y trazabilidad por parte de los importadores y la cadena de suministro.
Evaluar y prevenir los derechos humanos y los riesgos laborales en su cadena de suministro
Y ahora, la UE está dando los siguientes pasos en lo que se denomina una prohibición de mercado. Aunque la UE no espera dirigirse a empresas o sectores concretos, realizará una evaluación del riesgo para centrar los esfuerzos. Las autoridades de los Estados miembros pueden iniciar investigaciones en profundidad basadas en sospechas fundadas de productos fabricados con trabajo forzado. Cuando se confirme la existencia de trabajo forzoso, los productos serán retirados del mercado de la UE y se prohibirá su entrada en el mismo. La empresa no podrá reexportar los productos, sino que deberá deshacerse de ellos.
Está claro que la esclavitud no es cosa del pasado. Por el contrario, las crisis pasadas y actuales han provocado un aumento del trabajo forzoso, que afecta a todos los países, sectores, géneros y edades. Mientras los gobiernos tratan de impedir que los productos fabricados con trabajo forzoso acaben dentro de sus fronteras, las empresas deberían tomar medidas desde ahora mismo trazando un mapa de su cadena de suministro y evaluándola para detectar los riesgos relacionados con los derechos humanos y el trabajo forzoso.
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